El fútbol inglés se prepara para un cambio profundo en su gobernanza. El Independent Football Regulator (IFR), creado por la Football Governance Act 2025, presentó un paquete de medidas que endurece los controles sobre los propietarios y dirigentes de los clubes, con sanciones que van desde fuertes multas económicas hasta la posibilidad de obligar a la venta de una institución.
El organismo podrá imponer multas de hasta el 10% de los ingresos anuales de un club, e incluso forzar la transferencia de propiedad en casos de conductas graves. Además, los dirigentes que obstruyan investigaciones, entreguen información falsa o destruyan documentos se exponen a sanciones penales, incluyendo penas de cárcel.
El IFR tendrá acceso directo a datos financieros y la facultad de actuar de oficio si existen dudas sobre la idoneidad de un dueño, aun cuando este no solicite revisión. El proceso de consulta pública sobre las nuevas reglas estará abierto hasta el 6 de octubre de 2025, con la intención de ponerlas en práctica en el corto plazo.
El trasfondo de estas medidas es claro: se busca evitar que se repitan crisis como las vividas en clubes como Morecambe o Sheffield Wednesday, donde la mala gestión puso en jaque su continuidad. El gobierno británico subraya que el objetivo no es espantar inversores, sino garantizar que el dinero que ingrese al fútbol se traduzca en un desarrollo responsable y sostenible.
Con estas herramientas, el fútbol inglés apunta a blindarse frente a los llamados rogue owners —propietarios problemáticos— y a consolidar un modelo de gestión más transparente, estable y en sintonía con el rol social que cumplen los clubes en sus comunidades.
