El exfutbolista francés Lass Diarra presentó una demanda por 65 millones de euros contra la FIFA y la Federación Belga de Fútbol en los tribunales de ese país. La decisión marca un nuevo capítulo en la batalla legal que comenzó hace una década cuando Diarra disputó las reglas de transferencias del organismo rector del fútbol mundial. Esta acción judicial surge después de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea fallara a favor del mediocampista en octubre del año pasado, un fallo que muchos han calificado como una nueva “ley Bosman” por las implicancias que tiene para el mundo del fútbol.
Los abogados del exjugador, que militó en equipos como Chelsea, Arsenal, Real Madrid y Paris Saint-Germain, anunciaron que reclaman 65 millones de euros brutos (35 millones netos) como compensación por los daños sufridos a lo largo de su carrera. El bufete Dupont Hissel explicó que esta acción se debe a las “negociaciones de conciliación infructuosas con la FIFA”. La demanda busca obtener una reparación económica por el perjuicio que las normativas de transferencias habrían causado al futbolista durante su trayectoria profesional. Diarra expresó que esta decisión no solo lo beneficia a él, sino que también representa a todos los jugadores que no tienen los medios para enfrentar a la FIFA en los tribunales.
El conflicto se originó en 2014 cuando Diarra abandonó el Lokomotiv de Moscú tras un año de un contrato que duraba cuatro años, después de sufrir una drástica reducción salarial. El club ruso reaccionó reclamando 22 millones de dólares al futbolista por ruptura abusiva de contrato, y la FIFA posteriormente ordenó a Diarra pagar 10,5 millones de euros en concepto de indemnización. El Tribunal de Arbitraje Deportivo confirmó esta decisión, argumentando que el club había rescindido el contrato con causa justa. Esta situación impidió que Diarra pudiera continuar su carrera de manera normal, ya que las reglas de la FIFA establecían responsabilidad solidaria entre el jugador y cualquier nuevo club. Por temor a tener que pagar la importante indemnización, el club belga Charleroi renunció al fichaje del francés.
En octubre de 2024, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea dictó una sentencia histórica que falló a favor de Diarra, considerando que partes centrales de las normas de traspaso de la FIFA infringen el Derecho de la Unión Europea. El tribunal concluyó que las regulaciones de transferencias obstaculizan la libre circulación de los futbolistas profesionales y restringen la competencia transfronteriza entre clubes europeos. La decisión estableció que estas normas imponen considerables riesgos jurídicos, financieros y deportivos tanto para jugadores como para clubes. El fallo también cuestionó la legitimidad de la FIFA para imponer normas laborales, ya que ningún gobierno le ha encomendado esta tarea y la organización no tiene como objetivo proteger a los trabajadores.
Tras la victoria en el Tribunal Europeo, la FIFA modificó sus reglas en diciembre de 2024, pero tanto Diarra como el sindicato mundial de jugadores FIFPro consideran que estos cambios son insuficientes. FIFPro Europa señaló que el marco reglamentario provisional establecido por la FIFA no se ajusta a la sentencia del TJUE y que ni el proceso ni la nueva redacción del artículo 17.1 respetan los principios establecidos por el tribunal europeo. La negativa de las autoridades futbolísticas a llegar a una solución amistosa, según Diarra, refleja una cultura persistente de menosprecio del Estado de derecho y de los futbolistas. El exjugador expresó que la falta de voluntad de la FIFA para negociar lo obligó a regresar a los tribunales nacionales para que implementen la sentencia del TJUE.
El caso cuenta con el apoyo del sindicato global de jugadores FIFPRO, su división europea y el sindicato nacional francés UNFP. Los abogados de Diarra también trabajan en una demanda colectiva presentada este mes contra la FIFA y algunas federaciones nacionales de fútbol en Europa, que podría beneficiar a 100.000 jugadores durante más de dos décadas. Diarra estima que los tribunales belgas emitirán un fallo dentro de 12 a 15 meses. La FIFA se negó a comentar sobre “asuntos legales en curso”, aunque indicó que ha estado trabajando con sus partes interesadas para enmendar sus regulaciones siguiendo la orientación del TJUE. Esta batalla legal podría revolucionar el sistema de transferencias del fútbol mundial y otorgar mayor libertad de movimiento a los futbolistas profesionales.
Un fallo trascendental que desafía el poder de FIFA y UEFA
La sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en el caso Diarra representa un golpe devastador para la estructura de poder que ha dominado el fútbol mundial durante décadas. El fallo cuestiona directamente la legitimidad de la FIFA para imponer normas laborales, estableciendo que ningún gobierno le ha encomendado esta tarea y que la organización no tiene como objetivo proteger a los trabajadores. Esta determinación marca un precedente histórico que pone en entredicho la autoridad de ambos organismos para regular aspectos fundamentales del mercado laboral futbolístico. El tribunal europeo declaró que las reglas controvertidas tienen por objeto limitar la competencia transfronteriza entre clubes mediante la creación de un sistema que se asemeja a un “pacto de no captación” entre empleadores.
El TJUE determinó que específicamente dos artículos del Reglamento sobre el Estatuto y la Transferencia de Jugadores violan las leyes europeas. Primero, el principio de responsabilidad solidaria que obliga tanto al jugador como al nuevo club a pagar indemnizaciones cuando se rescinde un contrato sin causa justificada. Segundo, la práctica de retener los Certificados de Transferencia Internacional durante disputas contractuales, impidiendo efectivamente que los jugadores puedan fichar por nuevos equipos. Estas disposiciones, según el tribunal, imponen riesgos jurídicos, financieros y deportivos considerables que obstaculizan las transferencias internacionales y restringen la libre circulación de trabajadores. La decisión también critica el sistema actual de cálculo de indemnizaciones, argumentando que preserva más los intereses financieros de los clubes que la estabilidad contractual.
Las implicaciones para el fútbol europeo son potencialmente fuertes, aunque los expertos debaten si el impacto será comparable al caso Bosman de 1995. Mientras que la Ley Bosman transformó completamente el sistema de transferencias al eliminar las indemnizaciones para jugadores libres y los límites de extranjeros comunitarios, el caso Diarra se enfoca en aspectos más específicos del reglamento actual. Sin embargo, la sentencia podría facilitar significativamente la movilidad de los jugadores, reducir las tarifas de transferencia y otorgar mayor poder económico a los futbolistas. Los clubes con mayor poder adquisitivo podrían beneficiarse al tener más margen para fichar jugadores sin temor a sanciones, potencialmente aumentando la brecha entre equipos ricos y modestos.
El paralelismo con el caso Bosman es inevitable, ya que ambos comparten el mismo abogado, Jean-Louis Dupont, y se fundamentan en principios de libre circulación de trabajadores en la Unión Europea. Dupont, arquitecto de la Ley Bosman que revolucionó el fútbol en los años noventa, celebró la nueva sentencia como una “victoria total” que “allana el camino para modernizar la gobernanza del fútbol”. El jurista belga señaló que, tras las sentencias sobre la Superliga Europea y otros casos recientes, el TJUE “castiga severamente las actuaciones estructuralmente ilegales de los actuales reguladores del fútbol”. Sin embargo, a diferencia del caso Bosman que eliminó completamente ciertas restricciones, la sentencia Diarra requiere que la FIFA modifique su reglamento manteniendo algunos elementos del sistema actual.
La respuesta de la FIFA ha sido cautelosa pero reveladora de la magnitud del desafío que enfrenta. El organismo expresó satisfacción porque la sentencia “reconfirmó la legalidad de los principios clave del sistema de transferencias”, pero reconoció que debe modificar determinadas disposiciones siguiendo la orientación del tribunal europeo. En diciembre de 2024, la FIFA realizó cambios provisionales a sus reglas, aunque tanto FIFPro como Diarra los consideran insuficientes. La organización ahora debe encontrar un equilibrio delicado entre mantener la estabilidad del sistema de transferencias y cumplir con las exigencias del derecho europeo sobre libre circulación y competencia.
El futuro del sistema de transferencias dependerá de cómo la FIFA adapte sus regulaciones para cumplir con los principios establecidos por el TJUE. Los expertos anticipan que los cambios más probables incluirán la modificación del cálculo de indemnizaciones para basarlo más en criterios de derecho laboral tradicional, la eliminación de la responsabilidad solidaria automática para los nuevos clubes y la implementación de un sistema más transparente para la emisión de certificados de transferencia. Este proceso de modernización podría extenderse durante años, pero la presión legal ejercida por el caso Diarra y las demandas colectivas en preparación sugieren que los cambios serán inevitables y sustanciales para el panorama del fútbol europeo.
